11.091 denuncias en 9 meses: radiografía de la violencia escolar en Chile

Los números de 2025: una tendencia sin reversa

Los datos de la Superintendencia de Educación son contundentes: entre enero y septiembre de 2025, el sistema escolar chileno procesó 11.091 denuncias relacionadas con violencia y convivencia escolar. Esto representa un aumento del 25% respecto al mismo período de 2024, consolidando una tendencia de crecimiento que lleva al menos tres años sin señales de reversión.

Para dimensionar lo que significa este volumen: 11.091 denuncias en 9 meses equivale a más de 40 denuncias por día hábil a lo largo del período. Cada una de esas denuncias representa un proceso de fiscalización, documentación y respuesta institucional que consume recursos del sistema educacional y del regulador.

El desglose de los requerimientos a la Superintendencia revela que el 70,8% corresponde a situaciones de convivencia escolar. No son denuncias administrativas menores: son situaciones que los propios actores del sistema (estudiantes, apoderados, docentes) consideraron lo suficientemente graves como para escalar al organismo fiscalizador.

El acumulado 2022-2023: 28.500 casos de acoso

Las cifras de 2025 no surgen de la nada. Entre 2022 y 2023, la Superintendencia de Educación documentó 28.500 casos formales de acoso escolar en establecimientos de todo el país. Este acumulado es relevante por dos razones.

Primera: establece que el problema no es nuevo ni emergente. Es una tendencia estructural que el sistema lleva años registrando sin lograr revertir. Los abordajes institucionales vigentes (protocolos en papel, planes de convivencia anuales, encargados de convivencia con recursos limitados) no están siendo suficientes para contener el fenómeno.

Segunda: el número subestima la realidad. Los 28.500 casos son los que llegaron formalmente a la Superintendencia o fueron registrados institucionalmente. La investigación especializada estima que la tasa de subregistro en acoso escolar es de entre 3 y 7 casos no reportados por cada caso formal. El rango real podría estar entre 85.000 y 200.000 situaciones de acoso en ese bienio.

El dato más relevante: el 32,4% de los estudiantes

Más allá de las denuncias formales, las encuestas de victimización ofrecen una imagen más completa. Los datos disponibles para el sistema escolar chileno muestran que el 32,4% de los estudiantes ha sido agredido físicamente en el contexto escolar en algún momento de su trayectoria. Uno de cada tres estudiantes.

Esta cifra no se distribuye uniformemente. Los estudios muestran que la incidencia es significativamente mayor en:

• Establecimientos municipales de comunas de alta vulnerabilidad social.
• Estudiantes de primero y segundo ciclo básico, donde la violencia física directa es más frecuente.
• Estudiantes con diagnósticos de necesidades educativas especiales no atendidas adecuadamente.
• Establecimientos con alta rotación de personal docente y directivo, que genera climas de menor cohesión institucional.

La perspectiva académica: lo que dice la investigación

La doctora Mónica Bravo Sanzana, investigadora especializada en violencia escolar y bienestar en el contexto educacional chileno, ha documentado de manera sistemática la relación entre los climas escolares de alta conflictividad y el deterioro del rendimiento académico. Sus investigaciones establecen una correlación robusta entre la exposición sostenida a violencia escolar y:

• Reducción de los puntajes SIMCE en matemáticas y lectura en establecimientos con alta incidencia de violencia.
• Mayor tasa de ausentismo crónico entre estudiantes victimizados.
• Deterioro del clima de aula que afecta el rendimiento de todos los estudiantes, no solo de las víctimas directas.
• Mayor rotación de docentes en establecimientos con climas de alta conflictividad, generando un ciclo de deterioro progresivo.

Esta perspectiva es relevante porque sitúa la violencia escolar no solo como un problema de bienestar y derechos, que lo es, sino como un factor que afecta directamente los resultados educativos medibles. Los establecimientos que no abordan la violencia escolar de manera sistemática están comprometiendo su propio desempeño académico.

Por qué el enfoque reactivo no funciona

El modelo dominante de gestión de violencia escolar en Chile es reactivo: ocurre un incidente, se registra (si se registra), se convoca al apoderado, se aplica una medida y se archiva. Este modelo tiene tres fallas estructurales que los datos de 2025 confirman:

No detecta el escalamiento

La violencia escolar grave casi nunca ocurre sin señales previas. Hay una escalada: conflictos verbales que no se registran, empujones que se naturalizan, exclusión sistemática que nadie documenta. El incidente grave es el punto visible de una cadena que el sistema no vio. Un modelo reactivo, por definición, solo puede actuar cuando el incidente ya ocurrió.

No mantiene el historial

El reinicio de marzo borra el contexto acumulado. Un estudiante que tuvo ocho incidentes el año anterior llega en marzo con una pizarra en blanco desde la perspectiva del sistema. El nuevo profesor jefe no sabe. El nuevo orientador no sabe. El patrón puede reiniciarse sin que nadie lo identifique como la continuación de algo conocido. Este problema estructural se analiza en profundidad en El reinicio de marzo: el mayor riesgo de seguridad escolar que nadie discute.

No protege al establecimiento

Cuando la Superintendencia fiscaliza, pregunta si el establecimiento tenía información y qué hizo con ella. Un sistema reactivo con registros fragmentados no puede responder esa pregunta con evidencia. El establecimiento queda en una posición de vulnerabilidad institucional ante precisamente las situaciones que más impacto tienen en su reputación y viabilidad.

El costo institucional de la violencia no gestionada

Las consecuencias de la violencia escolar mal gestionada no se limitan al daño directo a los estudiantes. Para el establecimiento, el costo se distribuye en múltiples dimensiones:

• Fiscalizaciones: cada denuncia formal ante la Superintendencia activa un proceso que puede durar meses, consumir tiempo de la dirección y resultar en multas o medidas correctivas.
• Responsabilidad civil: si hay lesiones físicas o daño psicológico documentado, el establecimiento puede enfrentar demandas. La pregunta central es si tenía información previa que no actuó.
• Matrícula: los incidentes graves con cobertura mediática o en redes sociales afectan directamente la decisión de nuevas familias de matricular en el establecimiento.
• Clima docente: los profesores que trabajan en establecimientos con alta violencia muestran tasas de burnout y rotación significativamente mayores, generando un costo de reemplazo y un deterioro del capital institucional.

Ethoz como escudo preventivo

Ethoz no elimina la violencia escolar: ningún sistema puede hacerlo. Lo que Ethoz hace es transformar la capacidad del establecimiento de ver los patrones antes de que escalen, registrar con evidencia que permita responder ante una fiscalización y mantener el historial que hace que el contexto no se pierda en marzo.

Los mecanismos concretos son:

• Registro estructurado de incidentes con nivel de severidad, actores involucrados y acciones adoptadas.
• Ficha 360° del estudiante que consolida el historial de convivencia con el historial académico y de bienestar.
• Alertas configurables que se activan cuando un estudiante supera umbrales definidos por el establecimiento (número de incidentes en un período, patrón de ausentismo, etc.).
• Notificaciones push que permiten la coordinación institucional sin exponer datos sensibles por canales no seguros.
• Log de auditoría que registra quién accedió a qué información y cuándo, cumpliendo las exigencias de la Ley 21.719.

Conclusión

Los 11.091 casos del período enero-septiembre de 2025 son el registro visible de un problema cuya magnitud real es varias veces mayor. El 32,4% de estudiantes agredidos físicamente y los 28.500 casos de acoso del bienio 2022-2023 confirman que el fenómeno es estructural, no coyuntural. La respuesta institucional que ha predominado hasta ahora, reactiva, fragmentada y sin memoria entre años, no ha logrado revertir la tendencia.

Los establecimientos que reducirán su incidencia de violencia en los próximos años no serán los que tengan mejores protocolos escritos: serán los que tengan la infraestructura de datos para detectar patrones, intervenir con anticipación y demostrar que lo hicieron.